Junio 5 del 2009. A causa del incendio de una bodega del gobierno del estado de Sonora, una guardería contigua que operaba en el modelo de subrogación del IMSS fue alcanzada por el fuego, resultando en las fuertes heridas de 76 infantes y la muerte de otros 49. Lo lamentable: el accidente fue ocasionado y magnificado por omisiones en los procedimientos gubernamentales, y a dos años de los hechos aún no ha habido quién responda, frente a la ley, por dichos delitos.
Luis Villavicencio R.
Con avances y desazones, pasamos ya el segundo aniversario luctuoso de la muerte de cuarenta y nueve pequeños que, más allá de llamar recuerdos acerca del accidente en la Guardería ABC –en Sonora- , nos hace vigentes las fallas, omisiones, y falta de conciencia de quienes operan el sistema público. Y es que, a pesar de que estamos acostumbrados a las deficiencias cotidianas de nuestra burocracia y de que hemos aprendido a vivir como si de una parte natural y normal de cualquier gobiernos se tratara sin llegar a mayores consecuencias, esto es una completa falacia a la que no nos gusta abrir los ojos; una serie de eventos desafortunados –como título de película fantástica- ocasionados precisamente por esos ‘pequeños detalles’ es la que llevó al fatídico evento del 5 de junio de 2009.
FALLAS Y OMISIONES
El único castigado, sorprendentemente seis meses después, fue en aquel entonces el director del Centro Médico de Occidente de Guadalajara, Marcelo Castillero Manzano, a quien se acusó de negligencia en el atendimiento de los pequeños que ingresaron al hospital. El mal manejo de la información hacia los padres involucrados, y las acusaciones de los mismo señalándolo como responsable de bloquear la posibilidad de una mejor atención inmediata fueron las razones por las que, durante las primeras reuniones con Daniel Karam y Guillermo Padrés (entonces director del IMSS y recién instalado gobernador de Sonora, respectivamente), su destitución del cargo fue uno de los acuerdos logrados. La pregunta justa es: ¿qué sucedió con los responsables, ya no de la atención de los menores sino, de que el incendio no pasara a mayores consecuencias o que siquiera se suscitara?
En marzo del 2010 en un informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de la Guardería ABC se establecía que efectivamente existían “deberes jurídicos incumplidos que, de haber sido satisfechos en su oportunidad, hubieran evitado la propagación del incendio” y se señalaba al ex gobernador priísta Eduardo Bours como uno de los servidores públicos relacionados con la violación de garantían en el caso. De hecho en declaraciones al respecto, los padres acusaron al entonces gobernador Bours de dedicarse a proteger a sus allegados, acusaciones que se corroborarían posteriormente con las irregularidades encontradas en el manejo del fideicomiso creado a raíz de la tragedia.
En el mismo informe de la SCJN, los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, concluyeron que en el expediente de la Guardería ABC no existían pruebas de las verificaciones a las instalaciones ni de aprobación de su programa interno de protección civil. En documentos publicados en noviembre del mismo año en el portal del Movimiento 5 de Junio –formado por los padres de los niños afectados- que datan del 2005 se observan las irregularidades encontradas y las recomendaciones emitidas por el IMSS con respecto a varios puntos: a) el tamaño de la puerta de entrada; b) la necesidad de puertas de seguridad en las salidas de emergencia; c) el remplazo de los plafones usados por materiales no altamente flamables; d) la petición de renovación del dictamen aprobatorio emitido por el departamento de bomberos; entre otras. Así mismo, con respecto a la bodega donde inició el incendio, se sabe que almacenaba grandes cantidades de documentos, que no contaba con un muro contra fuego que dividiera la bodega de la guardería, que en ella había trabajadores constantemente (por lo que se le consideraba centro laboral), y que por ende existía obligación de acatar la NOM en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo. En dicho lugar no habían instalados detectores de humo o extinguidores, ni sistemas contra incendios, a pesar del material combustible que albergaba.
EL FIDEICOMISO
Sobre el mentado fideicomiso anunciado dos semanas después del incendio: Eduardo Bours fue más o menos presto para anunciar la integración del mismo por varios millones de pesos, con el objetivo de indemnizar a las familias de la Guardería ABC. Sin embargo, nunca anunció que uno de los objetivo era conseguir de los padres la cesión de derechos para entablar cualquier demanda al respecto. Así mismo, posteriores investigaciones revelarían que al parecer se trató de un intento de asegurar las fianzas de los funcionarios públicos detenidos por su responsabilidad en el inicio del incendio en la bodega contigua a la guardería.
Demian Duarte, analista sonorense, explicaba para una revista de tiraje nacional que se encontró que en la cuenta donde se constituyó el fideicomiso sólo tenía depositado un peso. Mencionó también que el fideicomiso fue tomado por el Juez Octavo de lo Penal para otorgar la libertad provisional bajo caución a los 14 empleados del estado detenidos, involucrados y sujetos a proceso sin que a ninguno de ellos se les haya requerido la correspondiente fianza. Añadió que esto podría llevar a pensar que los cheques entregados a las familias podrían provenir del gasto corriente en lugar del fideicomiso “virtual”.
EL FALLO DE LA SCJN
Los hechos estaban puestos, los informes de la Suprema Corte anotaban las omisiones, se conocían los actos de corrupción y –un año después de la tragedia- la SCJN emitió su fallo: los altos funcionarios (catorce, entre ellos Juan Molinar Horcasitas, ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien firmó el contrato con ABC); Daniel Karam, director del IMSS, y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours) no están involucrados con los hechos. Es decir que las violaciones existieron, pero los responsables no.
Aún así, el IMSS se apresuró a ofrecer una serie de apoyos a los afectados. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la serie de apoyos que iban desde los pagos de gastos hospitalarios y los traslados, hasta lo referente a los gastos funerarios. Los apoyos incluía a toda persona relacionada con el incendio. Sin embargo, dicha acción fue calificada de manera inmediata por el Movimiento 5 de Junio como un intento de “sacar provecho mediático”, de “lavarle la cara al IMSS. Por lo tanto, anunciaron que seguirían buscando que se hiciera justicia, que los Juicios públicos iniciados en febrero de ese año contra cada uno de los señalados por el Movimiento 5 de Junio como culpables continuarían, y que enviarían el caso a instancias internacionales.
LOGROS A DOS AÑOS
Al cierre de esta publicación, está por aprobarse la ley 5 de junio, un triunfo palpable para el movimiento del mismo nombre que, según dijeron los padres, no termina con su lucha. La iniciativa en mención tiene por objeto llenar el vacío normativo que ha permitido el surgimiento y proliferación de las mal llamadas “guarderías infantiles” bajo los esquemas de subrogación.
¿Qué cambiará al aprobarse la ley?
a) Las estancias infantiles, públicas, privadas o mixtas, deberán contar cumplir con ciertos requisitos de protección civil
b) Deberán contar con pólizas de seguro, y seguir estándares de calidad basados en los derechos de la infancia.
c) Se someterán a inspección y vigilancia periódica.
d) Se creará un registro nacional donde figuren todas las estancias infantiles del país, sus trabajadores, capacidad de atención.
e) Se instalará un Consejo Nacional que sirva como instancia normativa, de consulta y coordinación en lo relativo a las guarderías del País. El órgano deberá conformarse por las secretarías de Salud, Desarrollo Social, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, así como del DIF.
Esperemos que su aprobación final y publicación sean pronto noticia pues, junto con la aprobación de las Acciones Colectivas, se anotaría como un triunfo al empeño de grupos sociales que logran introducir por los canales correspondientes sus inquietudes sobre cómo debe funcionar México.
EXTREMOS
Y lo lamentable es que la impunidad al respecto del tema continúa después de 24 meses, que es uno más de los casos que no son escuchados ni siquiera por la sociedad misma, que las posturas de un lado y del otro han sido reacias a ceder en los puntos esenciales y primordiales, que es una cloaca más que se destapa para evidenciar los rezagos del sistema político mexicano, en cuestión administrativa, legal y sobretodo.
Por dos años ha sucedido lo que ocurre con cualquier tema relevante para los mexicanos (Atenco, Marisela Escobedo Q.E.P.D., las reformas estructurales, Pasta de Conchos, por nombrar sólo algunos), que se ven absorbidos por la política partidista, por lo coyuntural, por los Pilatos modernos, y por la incapacidad general del sistema y sus actores de llevar a acuerdos y, más aún de lograr la punibilidad contra los responsables de ignominiosos sucesos.
A dos años de Guardería ABC se escuchan aún los gritos contra Bours, Karam y Molinar Horcasitas, también los gritos contra aquellos que intentan adueñarse de las tragedias para obtener beneficios políticos. Pero el grito que muchos esperamos es contra aquellos indiferentes y apáticos, un grito a favor de México y los mexicanos.
Twitter: @LuisVillavi
