Puertas giratorias, golpes políticos, incapacidad de castigar la violencia y urgencia por reformar de raíz, son adjetivos del Poder Judicial de la Federación, uno de los tres poderes en los que se debe basar nuestro Estado. La debilidad del sistema judicial ha permitido que sea utilizado como brazo de hierro para golpear a algunos, mientras para la mayoría sigue siendo lo mismo que una pata de palo de la cual cojear.
Luis Villavicencio R.
Y a pesar de lo que muchos quieran creer, la alternancia política en el poder no significa democracia per se, así como alternancia democrática no significa madurez del sistema político. Muy apenas lo que pasó en nuestro país hace once años equivale a uno más de los pequeños pasos que, a pesar de su urgencia, se han venido logrando muy lentamente en el caso mexicano. Además del triunfo de partidos de oposición en algunos municipios y estados, en el Distrito Federal y en Los Pinos, uno de los logros de los últimos años ha sido la paulatina independencia del Congreso de la Unión con respecto a la figura presidencial y del gabinete, lo que lamentablemente no ha significado total triunfo, pues aún se arrastra con la escasa evolución de la clase política, lo que ha ocasionado el uso del Poder Legislativo como instrumento de negociación, no política, sino partidista. Aún así, no desestimemos la importancia que dicha separación puede, o pudiera, significar para la transición hacia una república un poco más real.
Sin embargo, el Poder Judicial sigue equivaliendo a un miembro nulamente fortalecido, ejercitado, mucho menos funcional, del órgano político mexicano. La procuración de justicia –efectiva, real y transparente- en nuestro país sigue siendo una gran deuda que se tiene con el ciudadano. Comenzando por el hecho de que la violencia en los últimos años ha dejado de ser punible por el Estado, quien se dice tiene el monopolio legítimo de la misma, pasando por la histórica ineficiencia del sistema legal, la corrupción de sus miembros, y llegando hasta el uso político del poder judicial, las críticas al mismo siguen siendo abundantes.
Hace poco más de dos años, un 26 de mayo, la prensa, los análisis y los mexicanos en general debatían, estaban inquietos, entusiasmados, extrañados por la noticia del día: treinta funcionarios estatales y municipales del Estado de Michoacán fueron detenidos acusados de tener nexos con el narcotráfico. Se trató de una gran noticia, ¿se trataba realmente del inicio de una persecución impecable contra los funcionarios que alimentaban de poder y recursos públicos al crimen organizado? ¿Era realmente, como argumentaban PRD y PRI un movimiento orquestado con objetivos electorales y de golpeteo político? Después de analizar las primeras noticias al respecto era muy sencillo saber que la segunda opción era la de más peso en el caso; sin embargo, conforme fluía la información acerca de la relación con La Familia Michoacana, y en especial la del Diputado Federal Godoy Toscano con ‘La Tuta’, uno de los mandos de dicho cártel, se mantenía la esperanza de que la detención, aún con el golpeteo político, diera un golpe certero al crimen organizado en la entidad.
Ocho meses después de la detención fueron liberados los primeros doce funcionarios. Cuatro meses después eran doce los que quedaban presos, y a los otros cuatro sólo quedaba uno. En abril de este año quedó libre el último, y hace un mes fueron reinstalados cuatro agentes. Una burla total: inocentes o culpables, el sistema judicial demostró ser torpe, lento, incapaz de sostener con inteligencia sus operaciones, mucho menos sus acusaciones, y sobretodo demostró ser tan débil aún que es propenso a ser utilizado de manera, políticamente, muy sospechosa.
Mucho se ha hablado, sobre todo después del revuelo causado por el filme Presunto Culpable, acerca de un cambio en el sistema penal mexicano, en el cual la presunción de la inocencia garantice juicios justos, mismos que probablemente serían orales, grabados, etc. Pero, desde Chihuahua podemos enviar un anuncio a todo el país, basado en la [dolorosa] experiencia propia: CUIDADO CON EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA. Cuidado con el potencial peligro de que, queriendo anotarse puntos políticos –sí, todo es política- al impulsar dicha reforma con celeridad, la transición se haga de manera desordenada y termine convirtiéndose en un sistema de protección a delincuentes. Tal fue el caso de nuestro estado, donde el ex-Gobernador José Reyes Baeza puso como prioridad una reforma rápida que diera impulso a su gestión, y los que terminaron pagando –como sucede generalmente- fuimos los ciudadanos. Jueces poco preparados para interpretar la ley y aplicarla al nuevo sistema, burocracia estática correspondiente al sistema anterior, y sobre todo un Ministerio Público mal entrenado e incapaz de presentar pruebas suficientes para mantener a los delincuentes en prisión, han hecho de la chihuahuense la ‘puerta giratoria’ por excelencia.
El caso que ha comprobado a mayor –y lamentable- escala las deficiencias en la aplicación el nuevo sistema de justicia fue el de Rubí y de su madre Marisela Escobedo, la primera asesinada por su pareja, homicida confeso y puesto en libertad por falta de pruebas, la segunda asesinada impunemente a puertas del Palacio de Gobierno mientras se manifestaba exigiendo justicia para su hija. Pero además de ese tenemos casos más cotidianos, como los roba-autos o asaltantes que son puestos en libertad en repetidas ocasiones después de no ser capturados en flagrancia, “resarcir el daño”, o recibir el perdón por parte de la víctima (lo cual sucede por temor de sufrir represalias por parte de las ‘pandillas’, o por desconfianza de que el mismo delincuente sea procesado con éxito y quede en libertad).
Por lo tanto, no se trata sólo de un sistema deficiente en su naturaleza, sino que es válido sospechar que gran parte de la culpa recae en los instrumentalizadores.
Y como bien dicen: en todos lados se cuecen habas. Entonces podemos aprovechar que hablamos de nuestro estado para citar otro de los casos de uso político de la justicia. En junio de este año por fin se decidió dar por terminado el caso en contra del ex-alcalde capitalino Juan Blanco, acusado de favorecer sus intereses personales mediante la licitación de los servicios al Relleno Sanitario Municipal. Después de una aparatosa detención al iniciar su campaña por la diputación federal, de su linchamiento político, de una demanda a la Senadora Teresa Ortuño que denunció el manejo politiquero del sistema de justicia por parte de Reyes Baeza, hace semanas el panista celebraba el fin del proceso en su contra. Inocente o culpable, lo cierto es que también en su caso escogieron el momento idóneo para iniciar la persecución del delito (el cual se dice, desde un comienzo había prescrito), y también es cierto que los rumores son muy fuertes entre la clase política de que el carpetazo final se trató en esencia de un golpe más por parte de César Duarte contra Reyes Baeza, su propio compañero de partido, antecesor y suspirante a una senaduría en 2012, contienda interna que libraría contra Patricio Martínez, también ex gobernador y jefe político de Duarte.
¿Podría ser más triste? Sí. Dos meses después de ser liberado el último detenido durante el Michoacanazo, se nos viene encima la magno-detención exprés –por partida doble- del empresario priísta Jorge Hank Rhon. El operativo ‘derivado de una denuncia anónima’ del polémico empresario ligado al Grupo de Atlacomulco (léase Enrique Peña Nieto & Friends), ex alcalde de Tijuana, personaje manchado hasta el copete de ilegalidad según los secretos a voces, vino a ocupar el vacío dejado por Michoacán, cortesía de la misma autora: Marisela Morales, ahora titular de la PGR.
Igual de sorpresivo que el anterior, levantó expectativa en todo el país, y así mismo suspicacia sobre sus motivos reales, notas sobre las irregularidades del proceso, pero también esperanza de ver a una figura fuerte ligada –dicen- al crimen organizado tras las rejas, un golpe a aquellos con el sello de impunidad en la frente. Y del mismo modo, terminó siendo un fracaso, un golpe mal dado y un hecho que fortalece la realidad de la impunidad en México. El empresario fue liberado diez días después, detenido inmediatamente por un delito del fuero común y vuelto a poner en libertad horas después.
Y aquí tampoco hay para qué lado hacerse: el individuo en cuestión no es un personaje reconocido por su integridad moral, pero eso no quiere decir que Marisela Morales pueda emprender una persecución política bajo el cuento de la denuncia anónima y de los sujetos armados fuera de la residencia de Hank Rhon, mismos que según los videos, nunca existieron. Ahora que, si se quiere atrapar al pez gordo hay que tener una red aún más grande, y no una coartada mal armada, que venga a tirar la juez con el argumento de que no había pruebas; como se dijo en una columna de difusión nacional: “lo que no dijo la juzgadora es dónde ponemos las 78 armas sin permisos ni licencias que fueron encontradas en el búnker hankista” (Reforma, 15-05-2011). Luego, el Plan B de encontrarle otro delito –menor, pero en fin delito- que tampoco procedió, pero no por un motivo específico, sino porque la jueza no se atrevió a dictar arraigo. Sospechoso, sí.
Mientras tanto, miles de personas esperan solución a sus procesos, un padrino político que los defienda, o simplemente que se haga justicia para dejar de ser chivos expiatorios, o para dejar de temer al ver tras las rejas a los delincuentes. Seguimos hablando del México de contrastes, donde tenemos variedad de realidades que escoger -algunas mejores que las otras-, todo depende de que tengas el capital y el apellido para poderlas pagar. ¿Qué es el Poder Judicial mexicano? No hay respuesta precisa, brazo de hierro o pata de palo, todo depende de qué lado estés parado.
Twitter: @LuisVillavi
